Zapatero dijo ayer unas palabras que, con toda seguridad, se convertirán en nueva arma arrojadiza y estandarte del PP para volver a traer a ETA y el terrorismo a la ya crispada vida política.
Simplemente resaltó que hay que tratar de compatibilizar la ley de partidos, una ley muy restrictiva, con el derecho de cualquier ciudadano a reunirse (que por cierto, viene recogido en la constitución).
“Hay una línea muy fina entre las restricciones a los derechos fundamentales que se derivan de una ley como la de partidos, que tiene una aplicación muy delicada, y los derechos que reconoce el texto constitucional, entre ellos el de reunión.”
Tampoco ha dicho que vaya a permitir sin más la celebración del congreso de la ilegalizada Batasuna, sino que respetará la decisión judicial que se adopte. De hecho se están tomando medidas para que los informes judiciales sobre la naturaleza del acto que pretende llevar a cabo Batasuna lleguen a la fiscalía inmediatamente y la fiscalía del Tribunal Supremo está preparada para intervenir en caso necesario.
Como dice Conde Pumpido (fiscal general del Estado):
“La ilegalización de Batasuna no suspende los derechos fundamentales de sus ex integrantes, por lo que los ex militantes, en principio, conservan los derechos individuales de reunión y de manifestación, pero lo que no pueden es realizar actos orgánicos de partido, porque esos actos están prohibidos”
Sin embargo el PP y las asociaciones de víctimas del rerrorismo claman al cielo, reclamando intervención inmediata. Acebes con su habitual tono proclamaba que esto es “un anticipo del precio político que ETA viene pidiendo desde hace mucho tiempo, la autodeterminación” y que Zapatero “entrega a ETA aquella cuestión que más le ha preocupado en los últimos tiempos, la ilegalización de Batasuna". Me da la sensación Aceves y yo hemos escuchado declaraciones diferentes.
¿Qué anticipo ni que gaitas?. El PP sería feliz en el Gobierno y con una ley patriótica como la de EEUU. Yo en cambio prefiero y me alegra que mi Gobierno considere intocables los derechos fundamentales de las personas, como la libertad de expresión y la libertad de reunión, y proceda con pies de plomo a la hora de restringir esos derechos, esperando el dictamen de la justicia, siguiendo todos los cauces legales.
Está claro que como partido ilegalizado Batasuna no puede realizar una convocatoria, pero los antiguos integrantes del partido tienen total derecho a reunirse. Los jueces evaluarán con cuidado y precaución si se trata de un acto de la propia Batasuna o de una reunión de ciudadanos, que pertenecieron a un partido. Mal que nos pese la democracia nos da unos derechos, y nos los da a todos.
Por el terrorismo mucha gente es capaz de sacrificar sus derechos y libertades civiles, pero, como dijo Benjamin Franklin, “Los que cambian su libertad por su seguridad no merecen ni lo uno ni lo otro.”
Update: La investigación está recogiendo numerosas pruebas de que se trata de un acto de Batasuna (entre ellas está la presencia del anagrama de ETA en el cartel del congreso). Esperemos que el juez las considere suficientes, la justicia prohiba el acto, y todos tan felices.
Update 2: El PP sigue reclamando que el gobierno vasco o el gobierno central intervengan y le han dicho que no. La respuesta clara del consejero de interior: “corresponde únicamente a la justicia determinar si este acto vulnera la ley. Además, Balza añade que al tener lugar en un recinto cerrado (el Bilbao Exhibition Center) y no en una vía pública, Interior no puede realizar “ningún control ni autorización previa". “No es el poder ejecutivo, y mucho menos un grupo político, quien tiene que dictaminar si se produce vulneración de decisiones judiciales previas".